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22.07.2019

Tribunal de Recursos Contractuales

La Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector Público de Aragón, de acuerdo con la previsión contenida en el artículo 311 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, introducido por la Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de esta Ley y de las leyes 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, crea y regula en su Capítulo V (artículos 17 y siguientes) el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón como órgano colegiado especializado, adscrito orgánicamente al Departamento competente en materia de contratación pública, que goza de plena independencia funcional en el ejercicio de sus competencias de revisión de los procedimientos de contratación promovidos por las entidades mencionadas en el artículo 2 de esta Ley autonómica (artículo 17, apartado 1).

En su disposición adicional primera, apartado 2, la citada Ley 3/2011, de 24 de febrero, dispone que los órganos competentes de las Cortes de Aragón, del Justicia de Aragón y de la Cámara de Cuentas de Aragón establecerán, en su caso, un órgano común para conocer de las cuestiones previstas en el apartado 2 del citado artículo 17, aunque también contempla la posibilidad de que estas instituciones atribuyan al Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón la resolución de dichas cuestiones mediante la celebración del correspondiente convenio con el Gobierno de Aragón.

Las cuestiones a las que se refiere el  mencionado apartado 2 del artículo 17 son las siguientes:

a)  Conocer y resolver los recursos especiales en materia de contratación a que se refiere el artículo 40 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, así como para los contratos de obras de valor estimado superior a 1.000.000 de euros y de suministros y servicios superior a los 100.000 euros [redacción dada a este apartado por el artículo 29, apartado 1, de la Ley 10/2012, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón].

b)  Conocer y resolver las cuestiones de nulidad contractual establecidas en los supuestos especiales del artículo 37 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

c) Adoptar las decisiones pertinentes sobre las medidas cautelares o provisionales que se puedan solicitar por las personas legitimadas en los procedimientos anteriormente establecidos.

d) Conocer y resolver las reclamaciones y cuestiones de nulidad que se interpongan en los supuestos previstos en los artículos 101 y 109 de la Ley 31/2007, de 30 septiembre sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, así como adoptar las decisiones pertinentes sobre las medidas cautelares o provisionales que se puedan solicitar en tales casos.

La Mesa de las Cortes de Aragón, en la exposición de motivos de su Acuerdo de 13 de febrero de 2013,  por el que se constituye el Tribunal de Recursos Contractuales de las Cortes de Aragón, el Justicia de Aragón y la Cámara de Cuentas de Aragón (Boletín Oficial de las Cortes de Aragón número 137, de 5 de abril de 2013), considera que «la aplicación de un elemental principio de autonomía parlamentaria, y su reflejo en el ámbito organizativo y administrativo, la naturaleza de las funciones desarrolladas por las Cortes de Aragón, el Justicia de Aragón y la Cámara de Cuentas de Aragón; y las especiales características de los tres órganos de contratación correspondientes (Mesa de las Cortes de Aragón, Justicia de Aragón, Consejo de la Cámara de Cuentas de Aragón), hacen que se estime como la opción más adecuada la creación de un órgano especializado e independiente para el conocimiento y la resolución de estas reclamaciones contractuales derivadas de los procedimientos de licitación convocados.»

En consecuencia, se crea el Tribunal de Recursos Contractuales de las Cortes de Aragón, El Justicia de Aragón y la Cámara de Cuentas de Aragón como un órgano colegiado especializado, que goza de plena independencia funcional en el ejercicio de sus competencias de revisión de los procedimientos de contratación promovidos por estas instituciones (artículo 1 del Acuerdo de la Mesa de las Cortes de Aragón).